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El compromiso Socialista contra la violencia de género: de la Ley de Igualdad de Baleares a la apuesta por un gran acuerdo contra esta lacra

Baleares es la Comunidad donde más denuncias se interponen por violencia de género. Además en la última década 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en nuestras Islas. En el ámbito estatal ya son 48 las muertas este año. Un último dato: el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas o ex parejas a lo largo de su vida.

 

El PSOE siempre ha trabajado para detener esta lacra, para posibilitar que las víctimas puedan tener a su alcance los mejores recursos posibles para hacer frente a esta pesadilla y para desterrar la violencia de género de nuestra sociedad. Porque una sociedad decente, madura y democrática exige avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que la padecen, así como a sus hijos e hijas, generando y ofreciendo mecanismos para lograrlo. Exige avanzar hacia un gran pacto de Estado que implique todas las administraciones para dar respuestas efectivas y de carácter integral que garanticen a las víctimas de violencia el derecho a una vida sin violencia, así como reponer los recursos económicos que se han ido recortando en estos años.

 

La credibilidad socialista en la lucha contra esta lacra se acredita con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004). Una ley que establece un sólido marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental. Una ley que desarrollamos y pusimos en marcha durante los años de gobierno.

 

Nuestro compromiso permanente con esta lucha también quedó patente hace un año cuando declaramos toda la organización y todas y cada una de sus agrupaciones como "Espacio seguro y libre de violencia de género". Además en el Foro de alcaldes y alcaldesas del 23 de junio, los ayuntamientos socialistas declararon reto de obligado cumplimiento erradicar la violencia de género de nuestros municipios.

 

Este verano en la Declaración del Consejo Político Federal de 13 de julio nos volvimos a comprometer anunciando que nuestros gobiernos autonómicos priorizarán la lucha contra la violencia de género con presupuestos adecuados, políticas de prevención y recursos suficientes para la protección de víctimas y de los sus hijos e hijas.

 

En Baleares este compromiso ya se ha empezado a concretar. Hace un par de días el Gobierno liderado por Francina Armengol presentó el borrador del Anteproyecto de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Baleares. En este anteproyecto se recogen novedades importantes como la inclusión del impago de la pensión alimenticia como un tipo de violencia machista (reconociendo a las víctimas de este tipo las mismas ayudas y prestaciones que las víctimas de agresiones físicas o psicológicas, así como el hecho de que las mujeres que denuncien los impagos se puedan beneficiar de la renta social); la obligación de las administraciones de disponer de recursos suficientes para atender a las víctimas fijando un mínimo según población (debe haber, como mínimo, una plaza en un centro de acogida por cada 3.500 mujeres, y un centro de atención y asistencia psicológica por cada 100.000 mujeres, distribuidos por las cuatro islas) y establecer la creación del Observatorio de la Igualdad o el Defensor o Defensora de la Igualdad de Mujeres y Hombres.

 

Pero la lucha contra la violencia de género demanda máxima implicación de todas las administraciones. Por este motivo y para dar la vuelta a los efectos de los recortes que ha aplicado el gobierno actual del Estado -con una rebaja de los programa de violencia de género de casi el 12% respecto a 2009 y los recortes de un 36,6% del presupuesto en igualdad durante la legislatura y de un 16% de los recursos contra la violencia de género- el PSOE propone consolidar un gran Acuerdo que ofrecemos a todas las fuerzas políticas. Entre las soluciones propuestas podemos destacar la creación de un fondo de apoyo a los ayuntamientos que alcance progresivamente, en cuatro años, 100 millones de euros para reforzar la red de servicios públicos, impulsando el papel de los servicios sociales municipales y los Centros de la Mujer.

 

Este trabajo debe ser transversal. En el ámbito de la Justicia subrayamos la necesidad de poner en marcha el Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en que ponen la denuncia hasta el final del proceso. También es importante el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia. La violencia de género es un problema complejo, por lo tanto los que se enfrentan deben estar especializados y haber recibido formación completa y rigurosa.

 

La educación es otra de nuestras preocupaciones. Debemos evitar que la violencia de género pase de generación en generación; por lo que es materia del Acuerdo tanto el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas y especialmente, la incorporación al currículo en todas las etapas educativas la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención.

 

Finalmente estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de género de forma que se recojan todas las manifestaciones de esta violencia y no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como sucede en este momento.