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La legalización de Torralbenc evidencia el ‘modus operandi’ habitual: estrujar la legalidad a interés de parte

.- El agroturismo de Torralbenc puede ser un modelo adecuado para Menorca, pero de ninguna forma se puede admitir la ingeniería turístico-legal a la carta para saltarse el que determinan las normas.

 

 

El PSOE Menorca lamenta la tramitación respecto de la agroturismo de Torralbenc que ha protagonizado el PP (con la connivencia de sus representantes en Alaior, Consell y Gobierno Balear) y que parece que acaba con la legalización de unas obras que no contaban con la preceptiva licencia cuando empezaron.

 

Los responsables socialistas quieren dejar muy claro que su reflexión no entra a valorar el establecimiento en sí (de hecho se considera que un hotel de estas características que combina el mundo del vino con una oferta hotelera de calidad sin afectar ni terreno protegido ni patrimonio, puede ser un modelo adecuado para Menorca) pero sí que rechazan frontalmente que se haya dado apariencia de legalidad a unas actuaciones que se han hecho sin cumplir lo que disponen las normas (se debe recordar que la licencia que se otorgó fue para rehacer la casa principal de la finca, no para realizar nuevas construcciones).

 

Así el PSOE también puede compartir que la piscina y el edificio donde se ubica un sistema de generación de agua caliente más eficiente sea una mejora, pero lo que resulta inaceptable es la ficción de aprobarlo como un simple proyecto de ampliación cuando las obras ya están hechas...
En definitiva este es otro, el enésimo, lamentable caso donde el PP hace pasar los intereses particulares por delante de los colectivos, de lo que marca la norma en relación al territorio. Como ya ha sucedido con los aparcamientos en las playas vírgenes o con el parque acuático de Biniancolla este es un episodio más respecto de la manera de actuar del PP; un ‘modus operandi’ que se puede expresar bien claramente con la famosa frase del alcalde Pons Timoner -del cual la actual alcaldesa de Alaior fue teniente de alcalde-, “no tiene licencia, pero tiene permiso del alcalde.”

 

Además en el caso de Torralbenc sólo se debe recordar cómo, en una situación sin precedentes, los inspectores del Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico llegaron a denunciar presiones del Conseller Huguet por impedirlos investigar, cuando hasta aquel momento habían considerado “que disfrutaban de la autonomía propia de la función inspectora” por el desarrollo de su tarea.

 

¿Esta es la seguridad jurídica que predica el PP? Sres Tadeo y Bauzà, Sras Sugrañes y Vidal; ¿qué tienen que decir al resto de promotores que sí están haciendo todas las pasas que marca la Ley para abrir o reformar sus negocios? ¿No deben ser todos los ciudadanos iguales ante la Ley? Para el PP se ve que no.