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Los representantes municipales del PSOE presentan iniciativas en los respectivos plenos para demandar la derogación de la ‘Ley Montoro’


.- Los responsables socialistas reclaman que se deje sin efecto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (‘Ley Montoro’) por ser una norma que “perjudica a la población”, por “inaplicable” y por “atentar contra la autonomía municipal”

 

.- La iniciativa, que el PSOE ya ha llevado en el Congreso de Diputados y hoy se abordará al pleno Des Migjorn Gran, también demanda una financiación adecuada a los Ayuntamientos para garantizar la calidad de los servicios que ofrecen

“La actual Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales se debe derogar por tres argumentos básicos: es claramente perjudicial para la población, atenta contra la autonomía municipal y es inaplicable. Estos argumentos los hemos repetido en las iniciativas que hemos ido formulando desde que se presentó la ‘Ley Montoro”. De este modo el Secretario General del PSOE Menorca, Vicenç Tur, ha resumido la esencia de la moción que los responsables socialistas en los Ayuntamientos de la Isla han empezado a presentar en sus respectivos plenos municipales para reclamar la derogación de esta norma.

Tur ha ampliado estos tres argumentos exponiendo que la ‘Ley Montoro’ topa con la realidad social del día a día de los vecinos y vecinas, puesto que hace pasar los criterios puramente económicos por delante los de las necesidades la ciudadanía. De hecho la norma abre la puerta a la desaparición o a la privatización de servicios fundamentales para la población. “Según esta Ley a día primero de enero de 2016 los Ayuntamientos tendrían que haber dejado de aplicar servicios tan básicos como Servicios Sociales, atención a la diversidad, políticas activas de ocupación, políticas de medio ambiente en el entorno urbano, etc. Y si no se han dejado de aplicar ha sido porque los Ayuntamientos han hecho prevalecer el interés general.”

Además el hecho que la Ley se base en criterios puramente economicistas contrasta con el hecho que los Ayuntamientos son quienes menos responsabilidad tienen respecto del déficit. (Paradójicamente, esta medida de ahorro se establece sobre la Administración Local, la única que se mantiene sin déficit público el 2015 y las previsiones hasta 2019 se sitúan en el 0,0%.)

Por otro lado la iniciativa que los representantes socialistas llevan a los plenarios municipales demandan que se apruebe un nuevo “Régimen Local que garantice los servicios municipales y, sobre todo, que los dote de la suficiencia económica necesaria para que estos servicios se presten con una total calidad”. Se trata de favorecer la autonomía municipal con un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias muy definidas y que se puedan desarrollar sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y de transparencia en la gestión pública. Un compromiso que se complementa con la voluntad de impulsar desde el consenso, una nueva Ley de las Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de manera coordinada con la de financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los Tributos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas.