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Elena Baquero defenderá en el Parlament el reconocimiento a los directores de instituto de Maó expedientados durante la anterior legislatura

 

.- En la Proposición No de Ley (PNL) también se lamenta la falta de transparencia e imparcialidad en el procedimiento contra los tres directores y se demanda que este caso sirva de precedente para impedir que se repita una situación parecida

 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes abordará el jueves una Proposición No de Ley (PNL) de la diputada Elena Baquero de reconocimiento y apoyo a los tres directores de los centros de secundaria de Maó que fueron expedientados en el anterior mandato.

 

En la argumentación de la iniciativa Baquero hace un repaso cronológico de un caso que empezó el 30 de julio de 2013 cuando la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del anterior ejecutivo autonómico –Gobierno Bauzà- "incoó un expediente disciplinario por faltas graves a los tres directores de los institutos de educación secundaria de Mao, Sr Rafael Andreu Güell, director del IES Pasqual Calbó; Sr Jaume Boned Florido, director del IES Ninguno de Levante; Sra Margarita Seguí Pons, directora de la IES Joan Ramis y Ramis, con la acusación de desobediencia abierta a las instrucciones de un superior por haber permitido que los respectivos consejos escolares de centro no aprobaran el proyecto de aplicación del TIL." De hecho recuerda que estas "faltas graves fueron: cumplir la ley dando traslado a lo que habían acordado los respectivos consejos escolares y por eso se los suspendió de sus funciones. No sólo de las de dirección sino también de las de profesores.”

 

La diputada también hace hincapié en el hecho que en "reiteradas ocasiones los responsables de la Conselleria de Educació del Govern expresaron su compromiso al resolver con celeridad estos expedientes disciplinarios; a pesar de que los hechos desmintieron sus intenciones." Así, y siguiendo el orden cronológico, Baquero detalla como "según la resolución de la Consellera de Educación (Sra. Núria Riera) del 1 de octubre de 2014, los expedientes completos nunca fueron enviados a la Secretaría General de la Conselleria, hasta que fueron requeridos el 30 de septiembre de 2014, hecho que motivó la avocación de la competencia por parte de la Consellera, para resolver dichos expedientes. Inmediatamente después, la Consellera archivó los tres expedientes."

 

Así pues entre la incoación y el archivo de los expedientes transcurrió más de un año. "Catorce meses de sufrimiento humano y profesional considerable." Durante este tiempo se repitieron las expresiones de apoyo por parte de la comunidad educativa menorquina y balear y "desde otros muchos sectores de nuestra sociedad, que pedían de manera insistente y explícita la inmediata resolución de los expedientes administrativos, con el reconocimiento explícito del estricto cumplimiento de la ley por parte de los tres directores injustamente expedientados, borrando de sus expedientes todo rastro de la incoación arbitraria del expediente, así como la restitución de su dignidad profesional y personal."

 

La representante socialista también recuerda como "inmediatamente después del archivo de los expedientes, los tres directores afectados anunciaron el inicio de acciones legales para defender su actuación y pedir a la justicia que investigue si hubo prevaricación, arbitrariedad y abuso de poder." Una querella que fue admitida a trámite "y en fechas recientes los tres directores han prestado declaración ante los Juzgados."

 

A partir de todos estos argumentos la Proposición No de Ley que defenderá Baquero en la Comisión de Educación propone tres puntos de acuerdo. En el primero se demanda al Parlament a expresar "su reconocimiento y apoyo a los tres directores de los institutos de educación secundaria de Maó."  En el segundo se propone que se exponga que la Cámara autonómica comparte "la percepción de los directores en el sentido que la instrucción del procedimiento les causó indefensión y estuvo muy lejos de ser transparente e imparcial." Finalmente en el tercer punto la diputada socialista pide que se establezca "el precedente jurídico que permita que en el futuro ningún otro funcionario, profesor o director vea menoscabados sus derechos por circunstancias parecidas."