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El PSOE llevará a los plenarios municipales una iniciativa para derogar el Decreto de 2012 que rompió el acceso universal a la Sanidad Pública

"El ámbito subjetivo del derecho a la protección de la salud fue profundamente modificado por este Gobierno –referido al actual gobierno del Estado en funciones- mediante el Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones." De este modo se inicia la moción que los grupos socialistas presentarán a los plenarios de los ayuntamientos de Menorca.
En la exposición de motivos de esta iniciativa se detalla cómo "con esta modificación se alteró una norma de consenso que se había plasmado, el año 2003, en el artículo 3 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud." Una alteración que también supuso un retroceso "en el largo camino recorrido hasta entonces; se volvió a vincular el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita con la Seguridad Social. Se consagró el retorno de la figura del «asegurado» como sujeto del derecho a la protección de la salud."

 

En concreto el Real decreto-ley 16/2012, derogó " tácitamente los preceptos de la Ley General de Salud Pública sobre extensión de la asistencia sanitaria, dejando sin cobertura sanitaria directa a los profesionales y a todos aquellos que no tengan ningún vínculo con la Seguridad Social —e incluso a los descendentes de asegurados mayores de 26 años—, los ingresos de los cuales superen un determinado límite que la norma no precisa. Pero lo más grave es la expulsión de la cobertura pública sanitaria de los extranjeros sin permiso de residencia, con las graves consecuencias que implica en términos de salud individual, salud colectiva o salud pública, además del recorte de derechos que supone y que no respeta principios constitucionales cómo es el de la dignidad de la persona."

Ante dicha realidad "desde el primer día, todos los profesionales sanitarios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales han rechazado esta reforma que altera la vocación de universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud."
Pero a pesar de esta oposición social y política, el Gobierno de España ha continuado despreciando el derecho a la cobertura sanitaria. "Mediante modificaciones legislativas incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se modificó la cobertura sanitaria de los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desocupación, que perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país si salen de España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación."

Hoy en día se evidencia como "después de los años de aplicación de este sistema de exclusión no se ha podido acreditar ningún tipo de ahorro para el sistema sanitario. En cambio sí que se han acreditado numerosos casos en que la falta de acceso normalizado a la asistencia sanitaria ha concluido con personas que han visto agravadas sus enfermedades y otras que incluso han perdido la vida después de serle rechazada la posibilidad de ser asistidos por un médico. Un balance cruel basado en la imposición tan inútil como injusta," una imposición que urge rectificar.
Pero la recuperación de la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria, siendo lo más importante de los aspectos de la política sanitaria que se tiene que rectificar, no es ni mucho carezco el único. "Cómo en otros ámbitos, el retroceso vivido requerirá la oportuna modificación, primero normativa y posteriormente de gestión, relacionada con el refuerzo de la gestión pública del sistema, la mayor coordinación con las Comunidades Autónomas, la convergencia hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía, así como otras medidas que tendrán que ser impulsadas por el gobierno del Estado y consensuadas por las fuerzas políticas."
En definitiva esta iniciativa busca reponer la situación jurídica previa en la promulgación del Real decreto-ley. Para hacerlo posible se propone un punto de acuerdo que pretende «derogar el Real-decreto Ley/2012 para restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud y, procurando el consenso con el máximo de fuerzas parlamentarias y Comunidades autónomas, reformar la legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización».