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El equipo de Gobierno insular vuelve a cargar sobre el PTI un error del PP en el Plan General de Alaior

La consellera Marta Vidal da hoy un paso más en el lamentable intento de hacer responsable al PTI de problemas originados por la aplicación de otras normativas.  En este caso la sentencia en la que se basa la reclamación de 22 millones de euros por parte de un promotor de Cala en Porter evidencia claramente de donde proviene el "error" en el que se basa esta pretensión.

 

Así la Sentencia indica (pág. 5) se indica lo siguiente:

 

... el examen de legalidad no Debe proyectarse ahora sobre el PTM, sino sobre la "desestimación presunta de la petición de su modificación," considerando que es totalmente conforme a derecho que el Consejo Insular rechace la pretensiones de modificaciones del Plan Territorial de Menorca (PTM) para clasificar como suelo urbano la parcela porqué, entre otras muchas razones, la Ley de Espacios Naturales lo impide.

 

También se expone el hecho de que el PTI estaba obligado a ratificar lo que disponía una norma de rango superior como la Ley de Espacios Naturales.

 

... la pretensiones de responsabilidad patrimonial en que supuestamente habría incurrido el Consejo Insular de Menorca al clasificar como suelo rústico una parcela que en el PGOU figuraba como suelo urbano, se rechazada por CUANTO el PTM, ante la tesitura de dos Normas antagónicas respecto a la clasificación del suelo en Cuestión y siendo las dos de aplicación directa, vino obligada a aplicar la clasificacion que resultaba de la norma de rango legal -la lentamente y por tan prevalente, añadiendo que esta Decisión no genera perjuicio indemnizable al recurrente miedo CUANTO respecto de la reduccion de aprovechamientos,

 

Y en la misma línea en la página 10 se añade

 

... la "Responsabilidad patrimonial" en que supuestamente habria incurrido el Consejo Insular de Menorca --- que es la Administración a quien la recurrente dirigen sus pretensiones --- al clasificar como suelo rústico una parcela que en el PGOU figuraba como suelo urbano, DEBERAN rechazarse Porque el PTM venía obligada a aplicar la clasificación que resultaba de la norma de rango legal, la Ley 1/1991, prevalerte respecto de la clasificación contenido en una norma reglamentaria como era el PGOU de 1994, rechazando, por ellos, que la Ordenación contenido en el PTM --- contra el que la recurrente no interpuso recurso administrativo o judicial alguno --- provocara perjuicio indemnizable al recurrente ...

 

Así pues en contraposición al cumplimiento de la legalidad por parte del PTI, la Sentencia deja bien claro que el error se encontraba en el PGOU de Alaior, cuya revisión fue elaborada por un Ayuntamiento comandado por el Sr. Pons Timonier y la Sra Coia Sugranyes y aprobado definitivamente el 24 de marzo de 1994 por el Consell presidido por el Sr. Joan Huguet Rotger (PP). Y es en este error, que según la sentencia recurrida, en el que se puede fundamentar la demanda:

 

En conclusión, la revisión del PGOU de 1994 no podía alterar la clasificación de suelo que por la Ley 1/1991 había quedado como suelo rústico de especial protección”, aunque reconoce el derecho del recurrente a ser indemnizado por los daños y perjuicios por el error producido en el PGOU de 1994 ya que “si por error en los plano contradictorios de la Revisión o en la contradicción de algunos de estos y la norma escrita se generó en el recurrente la duda respecto a su correcta clasificación, las consecuencias no pueden ser las de que el Plan Territorial tenga que asumir una clasificación ilegal, sino otras como las que el ahora recurrente pueda reclamar de las administraciones intervinientes en la aprobación de la revisión PGOU/1994 los daños y perjuicios derivados de la confusión provocada por l ilegal revisión. No puede obviarse que las Administraciones codemandadas –incluida el Consell Escolar cuya Comisión Insular de Urbanismo aprobó definitivamente la revisión del PGOU ALAIOR sin efectuar el correcto control de la legalidad- intervinieron en la indebida identificación como suelo urbano de los terrenos y sin duda el propietario podrá reclamar responsabilidad patrimonial en el caso de haber asumido gastos en la confianza de la legalidad der la Revisión del planeamiento municipal.

 

Finalmente respecto del plazo para reclamar indemnización, la Sentencia dice que esta pretensión se debía haber dirigido contra el Gobierno y no contra el Consell

 

...es artificioso el debate, en el presente recurso de casación, del plazo del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la Ley 1/1991, de Parlamento Balear y la posible caducidad de la acción, ya la pretensión indemnizatoria planteada por la recurrente, además de no plantearse con carácter autónomo, debió dirigirse al Gobierno de la Comunidad Autónoma, no al Consejo Insular.

 

Así pues deseamos que, como dice la consejera Vidal, esta reclamación tenga poco recorrido. Esperamos que su opinión como Consellera de Ordenación del Territorio y abogada sea mucho más acertada que la valoración partidista e interesada que ha realizado de este caso como integrante del Grupo Popular