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Ampliación, recuperación y reconocimiento de nuevos derechos; un principio básico para el PSOE

En los últimos 4 años y medio hemos sufrido un fuerte retroceso en el reconocimiento y respeto de los derechos reconocidos por la Constitución. Ha sucedido con los derechos relacionados con la libertad (la ‘ley mordaza’, la reforma del Código Penal o la ley de seguridad privada son casos evidentes), pero también con los derechos vinculados al Estado de Bienestar. Y no han sido recortes puntuales para dar respuesta a la crisis. Se ha aprovechado la crisis para reducir e incluso eliminar muchos de los derechos que han sido la base del modelo social.

 

Pero el PSOE siempre ha sido impulsor y garante de los derechos de la ciudadanía y se compromete a continuar ejerciendo este compromiso. El objetivo es el de recuperar y ampliar el catálogo de derechos y libertades. Queremos consolidar estos fundamentos de la convivencia social.


PROPUESTAS SOBRE LEYES ACTUALES:

  • Derogar la Ley de seguridad ciudadana –‘mordaza’- y revisión de las sanciones que esta ley ha agravado y el mecanismo de desjudicialización que ha introducido.
  • Derogar el artículo 315.3 del Código Penal sobre el ejercicio del derecho de huelga.
  • Modificar la Ley de Seguridad Privada para devolver a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la facultad exclusiva de la persecución de delitos y de la garantía de la seguridad pública.

PROPUESTAS SOBRE NUEVOS DERECHOS:

  • Reconocer en la Constitución como derecho fundamental el derecho a la protección de la salud, con carácter público, universal y gratuito.
  • Incorporar a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía.
  • Reconocer en la Constitución como derecho fundamental el derecho a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital de carácter no contributivo.
  • Incorporar a la Constitución una regulación específica de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, a la ocupación y las condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas.
  • Aprobar una Ley que garantice la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacitado, orientación sexual, enfermedad, o cualquier otra circunstancia personal o social.
  • Aprobar una Ley para la Igualdad efectiva de lesbianas, gays, transexuals, bisexuals y intersexuales.
  • Aprobar una Ley Integral Contra los Delitos de Odio con medidas de prevención, sensibilización y sanción, así como de ayuda, denuncia y atención a las víctimas.
  • Reconocer el derecho a una muerte digna, estableciendo el derecho del paciente a decidir sobre la continuidad de sus tratamientos.
  • Reconocer el derecho a la obtención de becas de estudio con la sola condición de cumplir los requisitos de renta, patrimonio y, si procede, académicos, que la ley establezca.
  • Extender el derecho en la educación hasta incluir la escolarización universal de 0 a 3 años.
  • Aprobar una Ley para regular el desarrollo de los derechos digitales, con inclusión del derecho a la privacitat y protección de datos personales y derecho al olvido.
  • Reconocer el derecho de acceso a la información pública.
  • Elaborar una Ley sobre el Derecho de Acceso a la Cultura que defina las prestaciones básicas de acceso a los servicios culturales para toda la ciudadanía.
  • Elaborar un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección de los consumidores de manera integral.
  • Elaborar normativa marco para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.
  • Incluir, en la tutela constitucional del derecho al trabajo, referencia expresa al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo.
  • Proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución, para garantizarlo de manera efectiva con obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio de personas en situación de vulnerabilidad.
  • Ampliar la protección a las familias, incluido las nuevas formas de convivencia, con especial atención a la conciliación de la vida familiar y laboral
  • Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho a acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía.